La Junta Nacional de Justicia (JNJ) lanzó un concurso público de méritos para designar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión fue adoptada por unanimidad el 24 de abril de 2026, a raíz de la salida de Piero Alessandro Corvetto Salinas, quien presentó su dimisión el 21 de abril en medio de serias irregularidades durante las Elecciones 2026. Según la resolución oficial, la convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Magistratura, en el diario oficial El Peruano, en otro de mayor circulación, y en la página web institucional.
Una renuncia bajo sospecha de ilegalidad
La salida de Corvetto no estuvo exenta de polémica. El Artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE establece que el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral, salvo que sobrevenga un impedimento debidamente fundamentado. Pese a ello, la JNJ aceptó la dimisión.
El abogado constitucionalista Jorge Jáuregui advirtió en RPP que el jefe de la ONPE no puede renunciar ni ser retirado del cargo precisamente para proteger la organización y la función electoral, que en este caso resulta crucial.
Corvetto presentó su renuncia tras las irregularidades detectadas en el reparto y traslado del material electoral, situación que obligó a extender la jornada de votación un día adicional y motivó la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión.
Pachas Serrano, al mando de forma provisional
En reemplazo temporal de Corvetto asumió el abogado Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general de la ONPE desde el 7 de septiembre de 2020. Su designación interina se sustenta en la ley orgánica de la institución, que ordena que el funcionario de mayor jerarquía inmediata tome el mando ante la vacancia del titular.
Pachas no fue elegido mediante concurso ni designación directa, sino que asumió automáticamente de forma provisional hasta que la JNJ culmine el proceso público de selección del nuevo jefe.
La convocatoria se produce en un momento de alta tensión electoral, con la segunda vuelta presidencial aún pendiente y un escenario institucional marcado por la desconfianza ciudadana en el sistema de cómputo de votos.
