Una madre de familia de Chiclayo, región Lambayeque, denunció públicamente que su hijo de 30 años habría sido engañado con una falsa oferta de trabajo para ser trasladado a Rusia, donde actualmente se encontraría en una zona vinculada al conflicto bélico con Ucrania, sin haber recibido el pago prometido y sin posibilidad de retornar al país. El caso se suma a una serie creciente de denuncias similares que involucran a ciudadanos peruanos captados mediante redes de reclutamiento fraudulento.
El joven se desempeñaba como agente de seguridad en una mina ubicada en Pataz, La Libertad, cuando fue contactado con una propuesta de empleo en el extranjero que ofrecía una remuneración de aproximadamente 20 mil dólares mensuales. Atraído por la oferta, concretó su viaje el 20 de marzo del presente año.
Una vez en territorio ruso, según el relato de su madre brindado a medios de comunicación locales, el joven habría sido presionado para suscribir un contrato redactado íntegramente en idioma ruso, cuyo contenido desconocía. A partir de ese momento, las condiciones del trabajo acordado habrían cambiado drásticamente, derivándolo hacia un entorno de naturaleza militar.
La familia indica que actualmente el joven se encuentra en la región de Crimea, bajo control ruso, con problemas de salud y sin haber percibido remuneración alguna. "Solo quiero que mi hijo regrese con vida, soy una madre desesperada", declaró la mujer, quien también reportó que lleva más de una semana sin poder comunicarse con él.
Un informe presentado el 29 de abril de 2026 en Kiev por organizaciones internacionales de derechos humanos, elaborado tras nueve meses de investigación en América Latina, Asia Central y África, advierte que desde 2022 Rusia habría reclutado a más de 27.000 combatientes extranjeros provenientes de más de 130 países, con una cifra estimada de entre 1.000 y 8.000 procedentes de América Latina. El estudio también registra un incremento superior al 30% en el número de combatientes extranjeros entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y proyecta que podrían incorporarse cerca de 18.500 más antes de que concluya el año. Aunque Perú no aparece mencionado de forma explícita en el documento, las denuncias registradas en el país coinciden con el patrón descrito en la investigación.
