El Congreso de la República del Perú formalizó este martes la sanción que inhabilita por diez años para ejercer función pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, luego de que el Diario Oficial El Peruano publicara la resolución legislativa correspondiente. La medida responde a la denuncia constitucional que la propia Espinoza presentó contra once congresistas que respaldaron una norma que permitía a legisladores con trayectoria en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional percibir simultáneamente sueldo y pensión.
El documento fue suscrito por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y por el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón Rojas. Con esta firma quedó oficializada la decisión que el Pleno había aprobado el 7 de mayo, con 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, luego de una votación que debió repetirse para alcanzar el respaldo necesario.
El 12 de marzo, una primera votación para inhabilitar a Espinoza no logró los 66 votos exigidos. Fue el congresista Jorge Montoya —uno de los once parlamentarios denunciados por la exfiscal— quien impulsó una reconsideración que volvió a poner el caso en el Pleno. Semanas más tarde, la sanción se concretó con el apoyo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.
Esta es la segunda vez que el Congreso inhabilita a Espinoza por una década. La primera sanción se basó en un supuesto incumplimiento de la Ley 32130, vinculada a un reglamento de actuación fiscal que la propia exfiscal nunca firmó ni respaldó. En esa ocasión, el Legislativo también le retiró la prerrogativa de antejuicio y habilitó una acusación constitucional por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
Contra esa primera decisión, Espinoza interpuso una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que el 26 de mayo declaró fundada en parte la acción. El tribunal consideró que el Congreso actuó con un trato discriminatorio y sin sustento técnico, por lo que ordenó su reincorporación como fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, además del restablecimiento de sus derechos laborales.
El 8 de junio, la misma sala admitió con efecto suspensivo las apelaciones presentadas tanto por el Congreso como por Espinoza, por lo que el caso pasó a manos de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, instancia que definirá el resultado final de esa primera inhabilitación. De forma paralela, un juez supremo ordenó el archivo definitivo del proceso penal abierto contra Espinoza por los mismos delitos que motivaron el antejuicio.
